
La OFGM (Objeción fiscal a los gastos militares) es una campaña de desobediencia civil, y como tal se encuadra en la tradición y estrategia de la Noviolencia.
La objeción fiscal es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, el ejército y otros cuerpos armados, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta (IRPF).
Consiste técnicamente en desviar una parte de estos impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario. Para ello, se debe hacer la declaración de la renta tal y como marca Hacienda, incluyendo la cantidad objetada en el apartado de deducciones y adjuntando el correspondiente justificante.
Con ella se pretende presionar a los poderes públicos para que dejen de invertir el dinero de todos y todas en alimentar el absurdo pozo sin fondo que son los ejércitos y el crimen contra la humanidad que son las guerras.
Pero... ¿cómo se hace?
Para entender bien el mecanismo de objeción fiscal, y la forma de practicarla, te proponemos unos enlaces:





Desde la asociación AKIBA, nos sumamos a la iniciativa "
En conmemoración a los movimientos sociales ocurridos hace un año en todas las plazas de las ciudades españolas por el movimiento 15M, este año después de la manifestación estatal convocada para el pasado 12M y las injustas detenciones de dos de los participantes en el movimiento, las actividades organizadas por los grupos de trbajo continúan con mas fuerza.
La asociación AKIBA ha participado en el primer encuentro estatal de la organización de banca ética 'Fundación Inversión y Ahorro Responsable (FIARE)', que reunió en Madrid a más de trescientos socios el pasado 28 y 29 de abril, y que han apostado por una economía al servicio de las personas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 24 de abril la modificación de la Ley de Extranjería en materia de sanidad. Este cambio supone que, a partir del 1 de septiembre de este año, fecha en que entra en vigor la reforma, las personas extranjeras en situación irregular quedan EXCLUIDAS de una atención sanitaria general al no poder acreditar estar trabajando y estar dadas de alta en seguridad social.
